El Convenio de Diversidad Biológica (NNUU 1992), aún vigente, no contiene dentro de su normativa a los genes humanos, generando algunas interrogantes: ¿Deben constar o no los genes humanos dentro de los recursos genéticos? ¿Tienen o no derecho las personas de una comunidad o etnia a donar su ADN de forma personal o necesitan permisos de sus líderes o del Estado? Si se obtienen beneficios de los ADN, ¿a quiénes se debe reconocer?
Estas preguntas se han planteado en varias reuniones internacionales, sin que exista un acuerdo general.
Pese a que la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina en 1996 aprobó la Decisión 391 sobre el Régimen Común de Acceso a Recursos Genéticos, estableciendo como consideración básica la soberanía de los países en el uso y aprovechamiento de sus recursos genéticos, sus productos derivados y los conocimientos asociados, así como asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios, monetarios y no monetarios, derivados del uso de los recursos genéticos. El desacuerdo radica en que diversas poblaciones y culturas tienen intereses geopolíticos, científicos, interpretaciones y pretensiones diferentes.
Existen varios proyectos internacionales y mundiales que desean investigar las variantes genéticas de todas las poblaciones del mundo, sin que esté claro a quién beneficiarán los datos obtenidos. Por ejemplo, el Proyecto Varioma Humano, que extraería muestras de 15 mil individuos de 722 etnias, con un costo de 2.300 dólares por muestra procesada.
Pese a que muchos investigadores han respaldado sus estudios en la firma de un consentimiento informado por parte del donante de la muestra, existen claras violaciones de procedimientos nacionales internos, lo que deslegitima esas extracciones y los propios resultados científicos, lo que las debería convertir en delitos. Se conoce que los datos y muestras, en muchos casos, se preservan fuera de los países originarios, por lo que se debería demandar el retorno y reparación de daños por esos datos y muestras mal habidos.
Los conocimientos que se adquieran de los genes humanos podrían ser beneficiosos para toda la humanidad y por eso no debería impedirse investigación alguna, pero la avidez por patentar o apropiarse de estos conocimientos, sin respetar la soberanía ni los acuerdos o leyes, y anteponiendo intereses privados sobre los sociales, es inadmisible y ha generado que las poblaciones susceptibles al biopirateo se sobreprotejan de esta nueva forma de colonialismo científico, por lo que el ADN humano, individual o grupal, debería ser protegido.
Autor: César Paz y Miño
Fuente: www.telegrafo.com.ec
