Frente a la realidad sobre el aborto en el Ecuador, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Recomendación General 28, reconoce que para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, el Estado no debe negar el acceso a un aborto seguro a mujeres víctimas de violación. Por el principio de igualdad de los sexos, el Comité, amparado en el art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declara que es obligación del país miembro adoptar medidas para asegurar que todas las mujeres puedan prevenir embarazos no deseados, incluyendo aquellos que son resultado de una violación.
El Informe del Relator Especial Anand Grover (de agosto 3 de 2011) sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, señala que el “cumplimiento o mantenimiento de la legislación penal con respecto al aborto puede equivaler a la violación de la obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir con el derecho a la salud”.
Cuando un Estado se niega a ampliar las causales de aborto, está en violación de los artículos 3 y 12 del PIDESC, reportado por este Comité en su Observación General 16 que prevé que los Estados partes no deben imponer barreras legales sino asegurar la igualdad de acceso a servicios de salud pública y eliminar las restricciones legales sobre salud reproductiva.
Las Naciones Unidas, especialmente a través del Fondo de Población (UNFPA) y del Comité de Derechos, instan a los países miembros a respetar los acuerdos firmados y que, guste o no, defienden como un derecho la opción que una mujer tiene de abortar por una violación, y que debería incluir el aborto eugenésico.
Es curioso que varios medios de comunicación del país se hicieron eco de esos documentos, pero no para apoyar la despenalización del aborto, que han criticado y combatido, sino para simplemente atacar al gobierno actual, evidenciando una clara doble moral. Ante la gravedad del embarazo adolescente, del aborto en malas condiciones que incluso provoca la muerte de las mujeres, y de cara a los derechos sexuales y reproductivos, lo mínimo que se exige a los medios de comunicación y gobernantes es auspiciar el debate fundamentado, sin moralismos o visiones religiosas.
Apoyo la despenalización del aborto por las causales de violación y malformaciones embrionarias y fetales, como genetista que vivo a diario los dramas de las mujeres que enfrentan estos problemas. Junto a grupos de mujeres y ciudadanos por los derechos reproductivos, continuaremos en esta lucha. El aborto es un problema de salud pública.
Autor: César Paz y Miño
Fuente: www.telegrafo.com.ec
