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El país se blinda ante la biopiratería

Compartimos la noticia publicada por Diario El Comercio en la que César Paz y Miño experto en génetica de la UDLA, habla sobre la biopiratería.
Mira la noticia publicada aquí.

La biopiratería es uno de los delitos que más atenta contra la naturaleza. Por eso en el Código Integral Penal se incluyó esta práctica, que hace referencia al uso ilegal del patrimonio genético del país y sus derivados.

Uno de los ejemplos que involucra al país y que fue publicado en el libro ‘Seis estudios de caso en América Latina y el Caribe’, elaborado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es el de John Craig Venter. Se trata de un renombrado biólogo e investigador que trabajó directamente en el proyecto del genoma humano.

Entre febrero y marzo del 2004, el instituto J. Craig Venter recolectó muestras de microorganismos presentes en el agua marina de Ecuador (Islas Galápagos) y otros 17 países.

El instituto publicó ocho estudios con información obtenida en el campo, pero eso no constaba en el Memorando de Entendimiento (ME) con el Ministerio del Ambiente.

Según el documento, en el memorando no se precisó la cantidad ni se dio detalles de los microorganismos. Tampoco se hizo referencia a los beneficios económicos en caso de comercializar alguna patente. Como contraparte, en el acuerdo se hizo referencia a la obtención de un mayor “conocimiento de la biodiversidad para la conservación”. El texto también obvió los usos reales o potenciales de los recursos.

Para blindarse ante la biopiratería, en el 2011 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo 905, que estableció el Reglamento Nacional al Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. La normativa busca la conservación de la diversidad biológica, promover la utilización sostenible y facilitar la participación equitativa en los beneficios que se deriven del material genético.

También se creó la Unidad de Acceso a Recursos Genéticos, que está a cargo de la Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente. Ahí se incluyen expertos en biología, genética y asesores legales que se encargan de analizar cualquier pedido formal. Se recibió 47 solicitudes de acceso a recursos genéticos del país.

Lo que se busca es evitar casos como el de la rana Epipedobates Tricolor, una especie de anfibio endémica de Ecuador. Según reseña el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en la década de 1970, John Daly, un científico estadounidense, sacó sin autorización 750 ejemplares de ese anfibio para extraer un fármaco más potente que la morfina.

Otro ejemplo que da la entidad es el de la ayahuasca, una variedad patentada en 1986 por Loren Miller, quien recogió la especie en el Ecuador sin permiso. A la par, el IEPI investiga otros posibles casos, como el que involucra a representantes de la comunidad Awá y al Jardín Botánico de Nueva York.

Para garantizar el patrimonio genético, en el 2011 el país firmó el Protocolo de Nagoya, que establece un marco internacional para regular el acceso a los recursos genéticos y desarrollar nuevos productos.

Pero el Protocolo no ha sido ratificado en la Asamblea Nacional. Diego Salgado, integrante de la Comisión de Soberanía, contó que el tema “no ha sido tratado en los últimos meses”, pero está en agenda.

César Paz y Miño, experto en genética de la Universidad de las Américas, cree que renovar el Protocolo es necesario. “Tenemos un alto potencial genético. No firmar sería un error”.