Por declaraciones del ex asambleísta Sr. Christian Viteri (Castigo Divino, https://youtu.be/FgWqJcAzMcA?t=25m34s) se conoce que a finales del Gobierno anterior, y en medio del escándalo de corrupción de Petroecuador, algunos legisladores de Alianza País sugirieron ir en contra de las universidades privadas como una forma de eclipsar dicho escándalo.
A partir de ese momento, el SRI puso en movimiento su maquinaria e inició varios procesos de determinación tributaria que buscan extraer millonarias sumas de nuestras universidades y desprestigiarlas mediante el desconocimiento abierto de las normas que rigen a las instituciones de educación superior. Es así que:
- A pesar de que las universidades son personas jurídicas especialísimas creadas por ley, el SRI las asimila a las Fundaciones y Corporaciones y llega al absurdo de glosarlas por tener ahorros y no gastarse sus excedentes. Todas las universidades privadas del mundo están obligadas a guardar ahorros para situaciones difíciles; no hacerlo sería altamente irresponsable y pondría en riesgo la sostenibilidad de las instituciones.
- Mediante estos y otros argumentos, el SRI busca despojar a las universidades privadas de sus exoneraciones tributarias y exigir el pago de impuestos millonarios, algo que está fuera de sus competencias. Al hacerlo, este organismo desconoce la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior que establecen claramente las exenciones tributarias por ser instituciones sin fines de lucro y no tener socios ni accionistas.
- Las normas que utiliza el SRI para este despojo, son inaplicables a las universidades y, además, de menor jerarquía con respecto a la Constitución y a la LOES. Esas normas se refieren a Fundaciones y Corporaciones y en ningún caso pueden ser aplicadas por analogía, como pretende el organismo estatal.
- Si a todo lo anterior sumamos las deudas enormes que el Estado mantiene con nuestras instituciones por concepto de devolución del IVA, la asfixia que sufren universidades privadas es muy grave y pone en riesgo su viabilidad y existencia.
A pesar del asedio de estos últimos 10 años, las universidades privadas han logrado resultados notables que se expresan en los procesos de acreditación nacionales e internacionales, en los resultados de los exámenes de habilitación, en la producción científica y en las altas tasas de empleabilidad de nuestros estudiantes. Las universidades autofinanciadas destinan alrededor de $50 millones anuales para becas de estudiantes necesitados y, junto con las instituciones cofinanciadas, educan al 46% de la población universitaria ecuatoriana, es decir, 10% más que hace una década. Son algunos de los indicadores que demuestran el valor social de las instituciones privadas y su compromiso con la nación.
Señor Presidente: Acudimos a usted sobre la base del diálogo positivo y abierto que ha instaurado en el país y pedimos su urgente intervención, para que como titular de la Función Ejecutiva, se digne conminar al SRI para que detenga esta persecución y actúe con el respeto irrestricto del Art. 226 de la Constitución de la República que claramente establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. La confiscación de recursos de las universidades afectará a las comunidades universitarias en términos de calidad, número de profesores e inversiones educativas. Es una enorme injusticia que terminará castigando a los jóvenes que se educan en nuestras instituciones. Aspiramos a que el SRI rectifique sus acciones.
- Universidad Casa Grande-UCG
- Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UEES
- Universidad de las Américas, UDLA
- Universidad de los Hemisferios, UDLH
- ECOTEC
- Universidad Internacional del Ecuador
- Universidad Internacional SEK, UISEK
- Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo
- Universidad San Francisco de Quito, USFQ
- Universidad Tecnológica Israel