Va más allá del pánico que puede generar en la comunidad. Cada llamada falsa que alerta la presencia de una bomba representa una reacción por parte del Municipio y de la Policía que genera un costo. Todo depende del lugar donde ocurra y de la magnitud del operativo que se requiera. Sin embargo, se puede decir que cada alerta falsa de ese tipo cuesta al menos USD 14 770, sumados los servicios del Municipio y la Policía Nacional. Si se complica más la situación, el valor puede ascender. En los últimos cuatro meses, el Municipio atendió 43 alertas, la mayoría en dependencias públicas y colegios. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) desarrolla un operativo, que consiste en cerrar vías y realizar desvíos. Julio Puga, director de la AMT, explica que en cada intervención intervienen 20 agentes. Para Gabriel Cortez, jefe de Seguridad de la UDLA, hay dos tipos de llamadas, las primeras hechas por bromistas que buscan llamar la atención y las otras realizadas por quienes desean sembrar terror y crear una cultura de inseguridad. La cultura ecuatoriana, advierte, no está capacitada para actuar ante esas amenazas. En ese sentido, no hay una cultura de prevención ante ese fenómeno.