Contar con un sistema de movilidad sostenible que sea adaptado para todas las personas, ya sean con o sin discapacidad es importante para que una ciudad mantenga su armonía y no caiga en el caos del ruido, el tráfico y la contaminación, que se vive a diario en las grandes ciudades a nivel mundial.
El pasado 1 de diciembre la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, se reunió con René Cordero, director general de Operaciones de la UDLA, en representación del canciller, Carlos Larreátegui Nardi, para hacer oficial la entrega de la “ORDENANZA METROPOLITANA REFORMATORIA DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO QUE ESTABLECE LA INTEGRACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS”.
Guillermo Abad, secretario de Movilidad del D.M.Q, realizó la entrega formal de la Ordenanza Municipal, en el campus UDLAPark ubicado en la vía a Nayón.
Abad manifestó que esta ordenanza va más allá de una actualización de la tarifa del transporte público, lo que pretende es reordenar las frecuencias y solucionar los problemas críticos de movilidad que se suscitan en ciertos puntos de la urbe, por ejemplo: se ha descubierto que ciertas operadoras comercializan este bien público, como si fuera un bien privado, este es el caso de los anuncios en la prensa y redes sociales, donde se vende un bus “con puesto”. Esto conllevó a que exista una sobre oferta de buses en las principales vías de la ciudad, dejando desabastecidas las periféricas. Ahora el negocio no es ser transportista sino ser comercializador de rutas.
“Al existir una sobre oferta los costos operacionales suben y las ganancias se ven reducidas, como hay esta brecha financiera, los transportistas solicitan un alza de tarifa, o una compensación o un subsidio, mientras exista esa falencia no habrá ni subsidio ni compensación que pueda cubrir esa brecha, esto conlleva al deterioro del servicio”, manifestó Abad.
La ordenanza lo que pretende es retomar las rutas y entregarlas nuevamente a los operadores mediante un concurso público, de manera técnica y de por medio un contrato de operación que establezca parámetros de calidad y servicio.
Existe la posibilidad de que estas rutas se entreguen a operadores nacionales e internacionales, es decir, si en el futuro quiere operar el Transmilenio, el Metro de Santiago de Chile, entre otros pueden participar en el concurso.
Otro de los puntos que toca la ordenanza en la fase de integración es un servicio de transporte integrado, donde todos los recursos ingresan a una cámara de compensación y se paga por el servicio prestado y no por los pasajeros que utilicen el transporte, de esta manera se integrarán todas las rutas.
La finalidad de entregar esta ordenanza a la academia es para que se analicen los temas financieros que fueron entregados por los organismos multilaterales (Banco Mundial, CAF, BID), quienes son los que financian el proyecto del Metro de Quito.
Además, es importante mencionar que la universidad podrá hacer sugerencias en temas de mejoras para la calidad tanto del servicio como de las operaciones. (WH)
