En total, son 15 temas centrales que las universidades, las institutos técnicos y tecnológicos y los organismos que regulan a estas instituciones buscan que sean reformados de la Ley de Educación Superior, vigente desde 2010. Una semana después de que el legislador correísta Augusto Espinosa renunciara a la Presidencia de la Comisión de Educación, donde se analiza el proyecto, los rectores acudieron ayer para insistir en los cambios. “Es indispensable un conjunto de certezas”, adujo Augusto Barrera, titular de la SecretarÌa Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) al pedir a la Asamblea que “de manera urgente” viabilice la reforma que lleva dos años en análisis. Barrera fue el encargado de presentar un nuevo documento que, según dijo, fue consensuado con todas las instituciones, públicas y privadas, incluidos el Consejo de Educación Superior (CES) y el Consejo de Acreditación (Ceaaces). De eso también dieron cuenta Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, y Carlos Larreátegui, de la Universidad de Las Américas, quienes resaltaron que el documento apunta a garantizar una mayor autonomía. Según Larreátegui, esta propuesta permitirá romper con el “modelo único y controlador” que fue diseñado por el anterior Gobierno. Sempértegui, de su lado, mencionó que “es la primera vez que se considera que en el Consejo de Educación Superior tienen que participar los rectores de las universidades, uno por las públicas, otro por las autofinanciadas y otro por las cofinanciadas”.