Un recorrido de 10 mil kilómetros en 18 meses fue el trayecto de investigadores UDLA para constatar las consecuencias del terremoto que afectó a Esmeraldas y Manabí en abril de 2016. A 3 años de este hecho, hacen un análisis de qué pasó en esas zonas y cómo ha actuado el gobierno para resolver los problemas de la población.
“Luego de 20 meses solo hubo limpieza de escombros”, advierte Johannes Waldmueller, uno de los investigadores y docente de Relaciones Internacionales de la UDLA. Comenta también que no existe un número real de las víctimas ya que muchas personas fueron trasladadas a otras poblaciones donde posiblemente murieron.
En relación a las estructuras el investigador comenta que el número de edificios colapsados supera los 20 mil y que aún existen algunas construcciones vulnerables.
“A marzo de 2019 todavía hay personas que viven en carpas”, agrega Nelson Nogales, otro de los investigadores y docente de la carrera.
De acuerdo al estudio, Nelson enfatiza en que la reconstrucción ha sido lenta y que el gobierno no ha terminado de entregar las viviendas ofrecidas a pesar de que las actas de entrega ya están firmadas por los pobladores.
Otro tema respecto a ello es que descubrieron que todas las viviendas entregadas por el gobierno tienen un valor de $10 mil, por 40 mts 2, sin importar el tipo de materiales que se utilizaron para la construcción.
Por otro lado, los investigadores advierten que el terremoto trajo consigo la violación a los derechos humanos en los albergues donde se entregaban insumos a cambio de favores. Además, que esas estructuras temporales no estaban constituidas de acuerdo a las normas internacionales.
Otro de los problemas que detectaron fue que “los ricos se hicieron más ricos y se acrecentaron las desigualdades de la población”, dice Nelson.
Esto lo afirma por varias razones. Una de ellas es que el gobierno obligó a cambiar las actividades productivas a la población, por ejemplo, aquellos que se dedicaban al turismo en la Isla de Portete debieron salir de esa zona y buscar otras maneras de conseguir un ingreso.
Por otro lado, los terratenientes más prósperos vendieron sus terrenos al gobierno a precios elevados. Allí se construyeron nuevas viviendas.
Todo ello, y otras irregularidades que encontraron en la investigación, tienen como fin hacer un llamado al diálogo y a la reflexión sobre sistemas de prevención de riesgos de parte de los gobiernos para actuar correctamente en caso de desastres. “Es importante que los Estados tengan listos estos sistemas. Un terremoto es un tremendo desafío para cualquier país porque prueba el estado de los mecanismos para mitigar los riesgos”, agrega Ruth Hidalgo, Decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. (DB)
